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La Corte Internacional de Justicia ha ordenado a Estados Unidos que haga todo lo posible por evitar la ejecución inminente de cinco mexicanos que han sido condenados a muerte en el estado de Texas.

Vaya lío legal este. Todo se originó hace varios años cuando México llevó el caso ante la Corte Internacional –basada en La Haya, Holanda- demandando que se ordenará a Estados Unidos que no llevara a cabo la sentencia de muerte contra 51 mexicanos que habían sido condenados en distintos estados de la Unión Americana.

La razón que argumentó México es que a estos condenados no se les dio en su momento –cuando fueron detenidos- la oportunidad de que llamaran al consulado mexicano y recibieran asesoría legal y consular de su país de origen, derecho establecido en convenciones internacionales de las cuales Estados Unidos es firmante.

En su momento (2004), la Corte Internacional aceptó el argumento de México y ordenó a Estados Unidos que revisara "por los medios que escogiera" las sentencias de muerte de los 51 mexicanos condenados.


Audiencia de la Corte Internacional de Justicia en La Haya

Lo complicado del asunto es que por un lado la Administración Bush aceptó la setencia de la Corte Internacional, pero el problema es que no puede ordenarle a los estados –en este caso a Texas- que suspenda la ejecución de los condenados. Así las cosas, en la primera semana de agosto se ejecutará a uno de estos condenados, y según parece, ya no hay tiempo para suspender la ejecución.La disputa legal paso por la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos la que en su momento sentenció en contra de la Administración Bush y a favor del estado de Texas, señalando que según la Constitución, el gobierno federal no puede decirle que hacer a los estados en asuntos de su jurisdicción penal.

La Administracion Bush está en una situación difícil. Es ella como gobierno la que representa al estado ante el mundo y los organismos internacionales y es ella la que tiene que hacer valer las sentencias que vienen del exterior producto de los tratados y convenciones que el país ha firmado.

Más allá de que los condenados quizá en efecto merezcan la pena de muerte y de que estados como Texas no quieran hacer caso a lo que dice la Corte Internacional o la propia Administración Bush, es el gobierno de Estados Unidos el que debe responder ante el llamado de urgencia de la Corte Internacional de Justicia para que no se ejecute a los mexicanos en cuestión.

Por algo existe el derecho internacional y por algo se deben respetar los tratados y convenciones Internacionales que los países firman. De lo contrario entraríamos en la ley de la selva.