Vaya lío legal este. Todo se originó hace varios años cuando México llevó el caso ante la Corte Internacional –basada en La Haya, Holanda- demandando que se ordenará a Estados Unidos que no llevara a cabo la sentencia de muerte contra 51 mexicanos que habían sido condenados en distintos estados de la Unión Americana.
La razón que argumentó México es que a estos condenados no se les dio en su momento –cuando fueron detenidos- la oportunidad de que llamaran al consulado mexicano y recibieran asesoría legal y consular de su país de origen, derecho establecido en convenciones internacionales de las cuales Estados Unidos es firmante.
En su momento (2004), la Corte Internacional aceptó el argumento de México y ordenó a Estados Unidos que revisara "por los medios que escogiera" las sentencias de muerte de los 51 mexicanos condenados.

Audiencia de la Corte Internacional de Justicia en La Haya
Lo complicado del asunto es que por un lado la Administración Bush aceptó la setencia de la Corte Internacional, pero el problema es que no puede ordenarle a los estados –en este caso a Texas- que suspenda la ejecución de los condenados. Así las cosas, en la primera semana de agosto se ejecutará a uno de estos condenados, y según parece, ya no hay tiempo para suspender la ejecución.
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Este miércoles pasado, tuve el placer de atender una presentación del nuevo libro 